Inclusión y diversidad: pilares para la recuperación económica y la sostenibilidad

Por: Virginia Castillo

La reactivación económica pospandemia requerirá de la implementación de estrategias de crecimiento y desarrollo inclusivas que propicien la participación de todas y todos en el aparato productivo.

 La inserción en el mercado de trabajo es crucial para la vida de cualquier persona. Influye en su autonomía, en las oportunidades de acceso oportuno a salud, educación y seguridad social; en definitiva, impulsan su bienestar y el de sus familias.

De ahí que lograr el empleo pleno y productivo para todos y todas constituye un elemento central de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Un objetivo que genera un impacto transversal y positivo en la consecución de las metas trazadas para erradicar la pobreza, lograr la seguridad alimentaria, reducir la desigualdad y construir sociedades seguras, justas e igualitarias.

Aun así, las personas con discapacidad enfrentan enormes barreras actitudinales y físicas que dificultan su inserción en el mercado productivo. Su derecho a un trabajo decente, con frecuencia escalofriante, le es denegado.

Efectivamente, en comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo. En el caso de República Dominicana, la comunidad con algún tipo de diversidad funcional asciende a 1,160,000 personas, de acuerdo con el IX Censo de Población y Vivienda.  En ese momento la tasa de desempleo en este colectivo se situaba en 17.1 %, 10 puntos porcentuales mayor que en la población general (7.2%).

Datos más recientes arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples establecen que en 2013 alrededor del 65.9 por ciento de la población con discapacidad estaba en edad de trabajar, es decir, tenía entre 15 y 64 años. Sin embargo, más del 67 por ciento no disponía de una fuente de   ingresos propios formal o informal.

El nivel actual de desempleo podría ser superior, tomando en cuenta que unos 277,000 trabajadores perdieron sus empleos en 2020 como consecuencia de la pandemia, de acuerdo al Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Las desigualdades también se acrecentaron. La tasa de pobreza monetaria general pasó de 21.0% en 2019 a 23.4% en 2020. En palabras más simples, 268,515 dominicanos/as cayeron en la pobreza general, afectando en gran medida a mujeres jóvenes, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, migrantes y colectivos LGBTI.

Esas cifras, sumadas a investigaciones cualitativas que realizaron instituciones públicas del país, arrojan luz del impacto que tuvo la pandemia en este colectivo. En ese sentido, la encuesta de hogares Red Actúa establece que “los efectos de la pandemia en el mercado laboral y en los ingresos revelaron las desigualdades y las débiles capacidades de adaptación de los hogares que habitan en las áreas prioritarias de pobreza frente a eventos y shocks”, exacerbado por las reducidas capacidades de resiliencia.

Las estadísticas a través de los años han mostrado que los bajos niveles de representatividad de la población con discapacidad en la población activa, les coloca en mayor riesgo de indefensión y una protección social insuficiente.

Consecuencias económicas de la exclusión

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral supone un gran derroche de potencial que conlleva a una pérdida del PIB de entre un 3 y un 7 por ciento.

En el caso dominicano se está desperdiciando el talento y las capacidades que un 12 por ciento de la población puede aportar al crecimiento, al desarrollo productivo y a la recuperación económica. Por consiguiente, estas limitaciones afectan el nivel de las recaudaciones, la eficacia del gasto y representan un importante coste para el desarrollo económico y social del país.

Pero, además, al dejar fuera del sector formal a estos ciudadanos se le relega a la dependencia del asistencialismo, lo que conlleva a un rezago en la implementación de políticas redistributivas eficaces del gasto social, que impacten en la garantía de acceso a salud, educación y tecnología, por citar algunos ejemplos.

También se incentiva la informalidad en el sector productivo, lacerando el tejido industrial y afectando la sostenibilidad del sistema de seguridad social, incrementando así las desigualdades que perpetúan la pobreza. En pocas palabras, se les deja sin acceso a seguro médico, sin medios económicos que les garanticen la subsistencia al momento de la culminación de su vida productiva y sin cobertura por riesgos laborales.

De ahí el llamado que hacen organismos como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a que la recuperación sea inclusiva y tome en cuenta la diversidad de talentos, para así propiciar el desarrollo económico-social de todas las personas en igualdad de condiciones.

Normativas

En República Dominicana existen instrumentos normativos orientados a estimular la participación igualitaria en el mercado productivo. Entre estos se encuentra la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derecho de las Personas con Discapacidad No. 05-13,  la cual contempla en su artículo 14 que “las políticas de trabajo y empleo tiene como finalidad primordial la inclusión de las Personas con Discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia, que aseguren su independencia económica, siguiendo el espíritu de las normas nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo que favorezcan la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad”.

La ley establece que en el sector público el 5% de la nómina de cada institución debe estar conformada por personas con discapacidad. Mientras en el sector privado la participación debe ser de un 2%. Igualmente, otorga incentivos para las importaciones de bienes dirigidos a personas con discapacidad y de empresas compuestas, dirigidas o asociadas con personas con discapacidad.

Pese a las bondades que ofrece la normativa y a que hace casi una década de su promulgación, su acogida en el sistema productivo dominicano ha sido muy lenta, marcada por un amplio nivel de desconocimiento y bajo nivel de promoción desde el Estado.

También República Dominicana es signataria de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y es miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente, los artículos 39 y 58 de la Constitución garantizan el derecho de este colectivo de trabajar en un mercado laboral abierto y competitivo.

Fomentar el desarrollo humano a través de la participación igualitaria en el mercado laboral conduce, además, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimento de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Conversatorio

 

La pandemia demostró que no se puede concebir el desarrollo y el crecimiento económico sin la participación de todas y todos por igual.

En vista de lo anterior, la Fundación Francina realizará este jueves 24 de junio el conversatorio “Políticas Laborales de la República Dominicana: Una Ventana Hacia la Autonomía desde la Innovación, la Inclusión y la Productividad”. La actividad se transmitirá por el Nuevo Diario TV a las 7:00 p.m.

En el encuentro, que contará con la participación de los juristas Cristóbal Rodríguez, Katherine Flete y Giancarlo Vega, se examinarán las potencialidades y desafíos que tiene el marco regulatorio para alcanzar la plena inclusión en el sector productivo nacional. También se identificarán posibles mejoras en los mecanismos de implementación de las normativas para garantizar mayor acceso de inserción al mercado de trabajo.

Se trata del camino para la construcción de un sistema laboral más justo y equitativo, que permita incrementar los niveles de protección social y favorezca la construcción de un verdadero Estado del bienestar para todos los dominicanos.

El conversatorio se realiza en el marco del proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía (OLA), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD.

Fundación Francina

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